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jueves, 27 de junio de 2013

DERECHOS LABORALES, CUANDO EL ESTADO INCUMPLE: EL CASO DEL PODER JUDICIAL.

DERECHOS LABORALES, CUANDO EL ESTADO INCUMPLE: EL CASO DEL PODER JUDICIAL.
Este año el Poder Judicial de Lima se ha constituido como uno de los más notables infractores de los derechos de los trabajadores. Prueba de ellos son las tres multas con las que ha sido premiado el Ministerio de Trabajo por incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la contratación a plazo determinado cualquiera que sea la denominación de los contratos:
Multa  00097-2013
06/02/2013
S/16,451.50
97 trabajadores
Multa  00098-2013
06/02/2013
S/6,336.00
32 trabajadores
Multa  00116-2013
18/02/2013
S/6,336.00
8 trabajadores
Felicitaciones a los servidores públicos que con justo derecho denunciaron estas vulneraciones sistemáticas contra el personal judicial.
¿Sabía usted?
Que la GERENCIA GENERAL DEL PODER JUDICIAL tiene como principal proveedor a la empresa CONSORCIO CALLAO (RUC 20548697540)  cuyo APODERADO CLAUDIO BENJAMÍN ORTIZ DE ZEVALLOS LEGUNDA figura como apoderado de la empresa  MESTRAL S.A.C. (RUC 20518737181), la cual debe al Estado más de 6 millones de nuevos soles (S/6,381,985.00) cifra similar a la que el Poder Judicial ha facturado en lo que va del año a CONSORCIO CALLAO (S/6,559,746.99)
Que el Poder Judicial tiene asignado para el año 2013 un pliego de S/1, 494, 449,335 (más de mil millones de nuevos soles) de los cuales el 40% corresponde a la GERENCIA GENERAL DEL PODER JUDICIAL y el 16% a la CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA.
Que CLAUDIO BENJAMÍN ORTIZ DE ZEVALLOS LEGUNDA mediante Resolución de fecha 29 de septiembre de 2005, expedida por el Segundo Juzgado Especializado en lo Penal de Cajamarca, Expediente N.º 2003-0257 fue CONDENADO como autor de la comisión del delito contra el patrimonio – ESTAFA, con resolución CONFIRMATORIA de fecha 17 de marzo de 2006, emitida por la Primera Sala Especializada en lo Penal de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, ante la cual interpuso un habeas corpus que fue declarado IMPROCEDENTE por el TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

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